Debate somero en aguas profundas

Análisis de la iniciativa presentada por el Presidente Felipe Calderón


La Reforma Energética que tanta expectativa había creado en el ambiente político, mutó de nombre a “Reforma Petrolera” en el discurso mediático, debido a que no presentó cambios a las compañías eléctricas, ni propuso fuentes alternativas en beneficio del medio ambiente; por lo contrario, se concentró en hacer modificaciones legales a Pemex.

Asimismo, diversos analistas la han adjetivado como la “iniciativa pequeña o light”, por no incluir reformas constitucionales ni a leyes secundarias; según el semanario Proceso, esto se debió a la insuficiencia de la “operación política del gobierno de Felipe Calderón” en el cabildeo con otras fuerzas de las Cámaras y gobiernos estatales (para reformar la Constitución se requiere la aprobación de dos terceras partes de cada Cámara, más la mayoría de las legislaturas locales).

Sin embargo, justamente debido a los grandes sesgos de ciertos medios de comunicación en torno a ella, y la falta de voluntad de una importante fracción de la oposición para dialogar (diputados y senadores del Frente Amplio Progresista, evidentemente liderados por el excandidato Andrés Manuel López Obrador), no ha habido un debate real y de fondo, sobre lo que el gobierno de Calderón propone en materia petrolera.

Quizás la iniciativa de Reforma presentada al Senado de la República el pasado martes 8, no es tan ambiciosa como se previó en un principio; no obstante, sí establece cambios a cinco leyes, incluyendo la creación de la Ley de la Comisión del Petróleo y la completa sustitución de la Órgánica de Petróleos Mexicanos.

El principal objetivo de todos ellos, es dar mayor eficiencia a la empresa, otorgándole un mayor grado de autonomía (administrativa, operativa y de organización); ampliando su consejo de administración; reforzando mecanismos de control, transparencia, vigilancia y rendición de cuentas; permitiéndole la firma de contratos “de desempeño” con particulares (que incluyen, entre otros, el uso de tecnología de punta y la construcción y manejo de refinerías) y la contracción de deuda por nuevas vías; modificando su régimen fiscal para lograr mayor inversión de sus utilidades; y finalmente, creando una Comisión del Petróleo que supervise y regule la exploración y producción del mismo.

A favor de la iniciativa, se ha argumentado en primer lugar, que es factor indispensable para evitar la ya iniciada decadencia de la producción y las reservas probadas (en una columna publicada el domingo 13, la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, afirmaba que “PEMEX deberá perforar más de 18 mil pozos para mantener la producción de crudo en los niveles actuales”).

Además, ofrece a la empresa nuevas fuentes de ingresos como los bonos ciudadanos, que sin ser acciones, dan un rendimiento a los acreedores similar al desempeño de la empresa. Permite también la creación de infraestructura y el uso de tecnología que comúnmente la paraestatal no podría contratar, y que sería financiado con capital privado.

Esto significaría un importante impulso en los recursos que obtendría el Gobierno Federal, que se traducirían en un mayor gasto público. Según el propio Presidente de la República, (en entrevista con Leonardo Curzio) un objetivo a mediano plazo que se podría alcanzar con ello, sería la eliminación de la pobreza extrema en el país, y la garantía de la educación superior para todos los mexicanos. Esto sin contar la creación directa de empleos que provocarían las inversiones (Calderón sugería que serían entre cien mil y trescientos mil empleos nuevos, por representar un punto porcentual del Producto Interno Bruto adicional).

La emisión de bonos ciudadanos, y la creación de la Comisión, a lado de cuatro nuevos Consejeros “Profesionales” en la Administración de Petróleos Mexicanos, busca obligar a la compañía a explicar las razones de su toma de decisiones, y transparentar así las acciones realizadas en su interior (similar a lo que sucede en las empresas que cotizan en Bolsa). El mecanismo permite a quienes invierten en PEMEX, o quienes hacen negocios con ella, a exigir cuentas de su gasto y sus decisiones.

En contra de la iniciativa no se ha dicho mucho. Tanto el Partido de la Revolución Democrática y sus partidos acompañantes en el FAP, como los medios que critican la iniciativa, continúan presentando un discurso en contra de la privatización, que quedó deslegitimado por la flexibilización lograda en la propuesta (y sobre todo, por el mensaje que dio el Presidente Calderón en cadena nacional la noche del 8 de abril, en el que enfatizó durante más de doce minutos, que el petróleo seguiría siendo de los mexicanos).

Sin embargo, el hecho de que no se haya argumentado contra ella, no significa que la iniciativa carezca de defectos. La misma semana en que se presentó, Juan Camilo Mouriño (Secretario de Gobernación), afirmó que la Reforma era perfectible; de igual manera, César Nava, (Secretario Particular de la Presidencia) en conferencia de prensa ese fin de semana, señaló que la iniciativa sí era modificable.

Uno de los puntos más discutibles en ese sentido, ha sido la discrecionalidad con la que podrían ser otorgados los contratos por adjudicación directa (sin tener que pasar por un proceso de licitación). Numerosas veces hemos escuchado de casos en los que constructoras de segundos pisos, o proveedores de cualquier otro producto o servicio, son creados poco tiempo antes de que otorgue un contrato.

Otro factor a considerar es que, según datos dados a conocer en la serie de debates al respecto que organizó el canal Once durante la semana en que se entregó la iniciativa, los yacimientos ya conocidos (en tierra y aguas someras) no han sido explotados más de 12%. Esto nos llevaría a pensar que tal vez no sea necesario realizar gastos de tal magnitud para descubrir nuevos pozos, cuando el petróleo que ya se conoce, aún pude ser extraído. Más aún, hacerlo, sería comprometer la sustentabilidad de la paraestatal y el desarrollo económico de generaciones futuras.

En tercer lugar, como mencioné en un principio, se trata de una reforma que perdió ambición en sus alcances, y que solamente se enfoca al petróleo. El discurso, tanto de la SENER, como del Presidente Calderón y sus defensores en las Cámaras, ha sido que a través de la reforma, es posible lograr un importante impulso al desarrollo del país. La inexperiencia de Acción Nacional en el gobierno, se traduce en su acotada memoria en este sentido. Seguramente no recuerdan la tan afamada frase del ex Presidente José López Portillo, cuando tras el descubrimiento de Cantarell en épocas de precios internacionales estratosféricos, afirmó que los mexicanos deberíamos en adelante, aprender a “administrar la abundancia”.

El endeudamiento exponencial que le siguió, a partir de utilizar a las reservas como sustento de la economía, y después del desplome de los precios, marcó el inicio de una de las crisis más profundas de la historia mexicana. Lo peor fue que, los recursos que sí se obtuvieron de los años de “abundancia”, fueron derrochados en campañas populistas y programas públicos asistencialistas, que de ninguna manera terminaron con la pobreza en el país.

En una conferencia ante la COPARMEX, en octubre del año pasado, Denisse Dresser citaba un término del columnista del New York Times, Tom Freedman: “la primera ley de la petropolítica”: Mientras mayor sea el precio del petróleo, menor será el ímpetu reformista, y el compromiso modernizador.” Hace un año, el barril de la mezcla más cara de petróleo (WTI) no alcanzaba los 64 dólares; hoy, su precio ha ascendido a poco más de 110.

El petróleo puede idiotizar a un país, decía Dresser, y quizás el riesgo más grande que presenta esta reforma, es que de aprobarse y lograr el “México de Fantasía que pintó Calderón” (término de La Jornada), nos daría la tranquilidad suficiente para despreocuparnos por un tiempo, y como se hizo antaño, sentarnos a contemplar el “premio mayor” que nos dio esta lotería.

Y una vez más tendríamos despensas, y casas construidas, una que otra carretera, y mayores recursos para municipios y para el Sindicato de Maestros. Tristemente en México, eso no es sinónimo de avance, sino de retroceso. Más dinero, sin ser invertido, ahorrado y utilizado para cortar los problemas de raíz, es meramente cegarnos ante la pobreza. Y eso es algo que nuestra clase política ha aprendido a hacer muy bien.

Hoy se presenta ante nosotros una iniciativa de reforma que no significa mucho en cuestión de transformaciones drásticas. Si se logra un consenso suficiente para su aprobación, no se estará regalando el “tesoro de los mexicanos” a villanos extranjeros, ni a amigos que se hacen multimillonarios de la noche a la mañana. Pero tampoco se estará dando una solución absoluta a los problemas del país. Por ningún motivo podemos entender esta reforma como la llave hacia la modernidad…existen cuestiones estructurales y culturales, que no serán resueltos por cambiar cinco leyes.

Una vez derribada la cortina de humo y entendidos sus verdaderos alcances, podremos transitar de un debate somero, hacia aguas más profundas.




Fuente de la fotografía: vanguardia.com