Publicado en el suplemento ClubIbero de REFORMA el 13.08.2008
Cuando a principios de este año, Felipe Calderó
n anunció que su Gobierno trabajaba en la elaboración de una iniciativa de Reforma Energética, lo hizo confiado en los exitosos resultados que el inicio de su sexenio había mostrado.
Por un lado, tenía la experiencia previa de las reformas electoral, de seguridad y del ISSSTE, cuyas negociaciones con el Congreso se habían dado sin mayor contratiempo. En segundo lugar, las encuestas que se habían levantado desde el 1º de diciembre de 2006 hasta ese momento, no habían dejado de mostrar un crecimiento en su popularidad y grado de aceptación. Por lo contrario, su mayor opositor, Andrés Manuel López Obrador, había perdido a gran parte de su base política.
Calderón, quien fuera Secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox, creyó que era el momento ideal para proponer una de las reformas más importantes de su sexenio.
Sin embargo, a cuatro meses de haber entregado la iniciativa al Congreso, la Reforma Energética continúa congelada y la probabilidad de que se apruebe es casi nula.
Desde un principio, se había transitado ya de una Reforma constitucional e integral de todo el sector energético a cambios mínimos en Leyes Generales y particularmente en materia de petróleo.
Las discusiones que siguieron no hicieron más que crispar aún más el ambiente político. El Partido Revolucionario Institucional, que en un inicio había alabado la reforma en voz de Manlio Fabio Beltrones, cambió súbitamente de postura y presentó su propia versión de lo que debía hacerse con Petróleos Mexicanos.
Por su parte, el PRD transitó de una negación rotunda a los cambios en la legislación, a promover el debate público de la propuesta y la participación ciudadana en la decisión. Intentando ganar tiempo en medio de una crisis interna, el partido del sol azteca clausuró el Congreso, exigió que se instalaran mesas de discusión y concluyó con una serie de Consultas Populares en los estados donde tenía asegurada la victoria de su postura (entre ellos el Distrito Federal).
Incluso el PVEM, con una iniciativa alternativa, y el Partido Social Demócrata, apoyando al PRI, vieron en la discusión de la Reforma Energética una oportunidad dorada para ubicarse debajo de los reflectores.
Ante ello, la discusión de fondo sobre los cambios que deben hacerse a Pemex quedó a un lado. El debate profundo se estancó en aguas someras.
¿Quién habla ya sobre el Consejo de Administración de Pemex? ¿Quién discute sobre los bonos ciudadanos, los “contratos de desempeño” o la construcción de refinerías?
La Reforma Energética transitó de ser una posible transformación de las facultades de Pemex para contratar servicios con privados y de los métodos de regulación y transparencia en la paraestatal, a un estandarte político que ha sido desgastado por todos los partidos, los medios y los grupos de poder.
¿Qué Reforma se puede esperar?
Desde que se presentó la (primera) iniciativa, se descartó la posibilidad de que se diera una verdadera metamorfosis del sector energético. Hoy aún más, los pequeños cambios que se darían (de ser aún posible), no harían sino crear una extraña mutación legal que solamente dejarían vacíos y soluciones pospuestas.
Lo cierto es que con miras hacia las elecciones intermedias del 2009, cada uno de los partidos se ha visto obligado a mostrar un rostro propositivo en torno al debate. Incluso el Frente Amplio Progresista anunció (quizás en su deseo de postergar aún más el dictamen) que presentaría su propuesta de reforma a finales del mes de agosto.
En una democracia como la que hemos pretendido consolidar, la pluralidad de ideas no solamente es permitida, sino indispensable. Sin embargo, nuestro país es también víctima de un uso perverso de ciertas facultades que otorga la democracia incompleta a sus representantes.
Sin recursos institucionales que permitan el control del elector sobre quienes ejercen un cargo público, los partidos políticos vuelven a ser la voz de minorías que dejan a un lado el bien del país y la sustentabilidad de los proyectos nacionales.
En un principio, la discusión política giraba en torno a si debía o no aprobarse la iniciativa; hoy, se ha transitado a un debate inútil sobre quién asumirá el costo político de su fracaso.
Cuando a principios de este año, Felipe Calderó
n anunció que su Gobierno trabajaba en la elaboración de una iniciativa de Reforma Energética, lo hizo confiado en los exitosos resultados que el inicio de su sexenio había mostrado.Por un lado, tenía la experiencia previa de las reformas electoral, de seguridad y del ISSSTE, cuyas negociaciones con el Congreso se habían dado sin mayor contratiempo. En segundo lugar, las encuestas que se habían levantado desde el 1º de diciembre de 2006 hasta ese momento, no habían dejado de mostrar un crecimiento en su popularidad y grado de aceptación. Por lo contrario, su mayor opositor, Andrés Manuel López Obrador, había perdido a gran parte de su base política.
Calderón, quien fuera Secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox, creyó que era el momento ideal para proponer una de las reformas más importantes de su sexenio.
Sin embargo, a cuatro meses de haber entregado la iniciativa al Congreso, la Reforma Energética continúa congelada y la probabilidad de que se apruebe es casi nula.
Desde un principio, se había transitado ya de una Reforma constitucional e integral de todo el sector energético a cambios mínimos en Leyes Generales y particularmente en materia de petróleo.
Las discusiones que siguieron no hicieron más que crispar aún más el ambiente político. El Partido Revolucionario Institucional, que en un inicio había alabado la reforma en voz de Manlio Fabio Beltrones, cambió súbitamente de postura y presentó su propia versión de lo que debía hacerse con Petróleos Mexicanos.
Por su parte, el PRD transitó de una negación rotunda a los cambios en la legislación, a promover el debate público de la propuesta y la participación ciudadana en la decisión. Intentando ganar tiempo en medio de una crisis interna, el partido del sol azteca clausuró el Congreso, exigió que se instalaran mesas de discusión y concluyó con una serie de Consultas Populares en los estados donde tenía asegurada la victoria de su postura (entre ellos el Distrito Federal).
Incluso el PVEM, con una iniciativa alternativa, y el Partido Social Demócrata, apoyando al PRI, vieron en la discusión de la Reforma Energética una oportunidad dorada para ubicarse debajo de los reflectores.
Ante ello, la discusión de fondo sobre los cambios que deben hacerse a Pemex quedó a un lado. El debate profundo se estancó en aguas someras.
¿Quién habla ya sobre el Consejo de Administración de Pemex? ¿Quién discute sobre los bonos ciudadanos, los “contratos de desempeño” o la construcción de refinerías?
La Reforma Energética transitó de ser una posible transformación de las facultades de Pemex para contratar servicios con privados y de los métodos de regulación y transparencia en la paraestatal, a un estandarte político que ha sido desgastado por todos los partidos, los medios y los grupos de poder.
¿Qué Reforma se puede esperar?
Desde que se presentó la (primera) iniciativa, se descartó la posibilidad de que se diera una verdadera metamorfosis del sector energético. Hoy aún más, los pequeños cambios que se darían (de ser aún posible), no harían sino crear una extraña mutación legal que solamente dejarían vacíos y soluciones pospuestas.
Lo cierto es que con miras hacia las elecciones intermedias del 2009, cada uno de los partidos se ha visto obligado a mostrar un rostro propositivo en torno al debate. Incluso el Frente Amplio Progresista anunció (quizás en su deseo de postergar aún más el dictamen) que presentaría su propuesta de reforma a finales del mes de agosto.
En una democracia como la que hemos pretendido consolidar, la pluralidad de ideas no solamente es permitida, sino indispensable. Sin embargo, nuestro país es también víctima de un uso perverso de ciertas facultades que otorga la democracia incompleta a sus representantes.
Sin recursos institucionales que permitan el control del elector sobre quienes ejercen un cargo público, los partidos políticos vuelven a ser la voz de minorías que dejan a un lado el bien del país y la sustentabilidad de los proyectos nacionales.
En un principio, la discusión política giraba en torno a si debía o no aprobarse la iniciativa; hoy, se ha transitado a un debate inútil sobre quién asumirá el costo político de su fracaso.
Fotografía: Política Ibero
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