Se clausuró la Comisión Permanente esta semana, después de haber sido anfitriona de un conjunto de debates, reuniones, mesas redondas y discusiones respecto a la iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón. Este lunes, 1º de septiembre, iniciará el periodo ordinario de sesiones con César Duarte a cargo de la mesa directiva en la Cámara Baja y Gustavo Madero en el Senado. Con Acción Nacional al frente de una cámara, y el PRI (con estatutos recientemente modificados para aceptar la iniciativa privada en Pemex) en la otra, el dictamen y aprobación de al menos una versión parcial de la reforma energética parece ser muy viable.
Hubo un tema, sin embargo, que no fue tomado en cuenta durante las discusiones, y mucho menos en la opinión pública.
La iniciativa, como fue planteada por el Ejecutivo, pretende eliminar la prohibición de la IP para construir refinerías y ductos. El objetivo es que a partir de ello, se puedan traer inversionistas al país, dispuestos a pagar por lo que a Pemex le es imposible: infraestructura.
Debido a que estas empresas cobrarían una renta, nunca en especie, por el uso de dichos ductos y refinerías, Petróleos Mexicanos no estaría en ningún momento perdiendo el monopolio sobre el oro negro. Por lo contrario, solamente estaría contratando un servicio.
El problema es, sin embargo, que al dar la facilidad a ciertas empresas para invertir en este nicho, Pemex (siendo el único consumidor de estos servicios) se tendría que someter a pagar un alto precio. Además, los costos enterrados que estas compañías fincarán en nuestro país, les daría una amplia posibilidad de permanecer como monopolios privados si se diera una eventual reforma privatizadora.
Así, las bondades que se le están ofreciendo hoy a la Iniciativa Privada para traer recursos a la paraestatal, podrán servir para que la producción de crudo aumente en un mediano plazo (10 a 15 años). Sin embargo, dada la volatilidad de este mercado, y las enormes barreras a la entrada que se habrán creado, Pemex quedará atada a sus proveedores.
Sin privatizar el petróleo, México estaría entregando la libertad de su sector estratégico más importante al interés privado. Si bien se podría decir que el Estado mantiene el monopolio de la extracción de petróleo, estas empresas serían monopsonios en los insumos que se requieren para que dichas tareas se lleven a cabo.
Las posibilidades de financiar refinerías y ductos con el presupuesto de egresos, o incluso de realizar una reforma que ofreciera más excedentes a la inversión en capital y menos a cuenta corriente de la administración pública, nunca se tomaron en cuenta.
¿De qué servirá el incremento en las utilidades de Pemex, si éstas siguen siendo destinadas a ramos opacamente ejercidos por los estados y municipios? ¿Para qué queremos más recursos que terminen en campañas políticas y despensas, a costa de permitir que funciones estratégicas de la paraestatal sean cooptadas por unos cuantos? Y aún peor, ¿por qué seguimos insistiendo en financiar a nuestra hacienda pública con recursos tan volátiles como los del Petróleo?
Hoy, el debate no está (como lo ha querido hacer ver el PRD) en si Pemex será privatizada o no; y es cierto que con la reforma de Calderón, se logra dar mayor eficiencia y transparencia a la empresa; pero si es aprobada como se ha pensado, las bondades de estos cambios se verán esfumados pronto por la mínima capacidad que le otorga su Ley de adquisiciones.
Esperemos pues, que los precios internacionales sigan a la alza…no sería la primera vez que aparentaríamos “aprender a administrar la abundancia”.
Fotografía: ujaen.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario