El Informe Silencioso

Durante muchos años, el Presidente de la República estuvo obligado legalmente a asistir al Congreso de la Unión, y entregar un documento escrito en el que informaba sobre la situación del país, al mismo tiempo que rendía cuentas por su desempeño a cargo del Ejecutivo durante el año anterior.

Debido al papel que desempeñó la figura Presidencial en nuestro país desde Calles hasta Zedillo, nunca se cuestionó el consuetudinario discurso que sucedía a la ceremonia. Por lo contrario, el día del Informe fue por muchos años el “Día del Presidente”.

No fue, sin embargo, hasta que la oposición al régimen tuvo un papel relevante en el Congreso (y particularmente a partir de que el PRI perdió la mayoría absoluta en los noventas) que se puso en duda la función de esta institución.

Desde las atrevidas interrupciones de Muñoz Ledo, hasta la clausura del Congreso en el 2006, y la entrega pactada del año pasado, el informe de Gobierno perdió sentido. Si bien en México, este acto no había sido más que eso: un espectáculo dedicado a legitimar al PRI, la alternancia en el Ejecutivo solamente transformó al tedioso protocolo en un desfile de protestas e interrupciones.
Fue bajo esa argumentación que la LX Legislatura decidió modificar el formato para el Informe de Gobierno: como una solución inmediata a la ingobernabilidad y falta de acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en las Cámaras.

Al igual que gran parte de las decisiones que son tomadas por nuestros representantes, la idea de eliminar la obligación del Presidente de asistir al Congreso el 1º de septiembre, se concibió sin considerar la razón de ser de la norma misma.

El Informe de Gobierno que emite el Poder Ejecutivo es una herramienta institucional que busca equilibrar a los poderes, atribuyéndole la facultad al Congreso de revisar y cuestionar las decisiones del Presidente. Sin embargo, esto se hace bajo el supuesto de que quienes ocupan curules en las Cámaras, son verdaderos representantes de la ciudadanía.

De lo contrario, la entrega del Informe escrito, y las sucesivas semanas de citar a secretarios de Estado se convierte en un mero trámite.

La falta de un informe hablado (o al menos un discurso que resuma el texto entregado) solamente contribuye a que la ciudadanía esté más desinformada sobre las acciones del gobierno, y menos involucrada en la toma de decisiones.

Entendiendo que la democracia no es solamente la emisión de votos, sino la participación constante de la población en la política, la reforma al Informe es un retroceso hacia el autoritarismo. Sin una rendición de cuentas clara, la acción pública se vuelve opaca; así, la corrupción y la arbitrariedad en la toma de decisiones se promueve.

Es cierto que existía suficiente evidencia para declarar al formato pasado ineficiente y caduco; sin embargo, la solución que se le dio no buscó el interés nacional sino darle un rápido desahogo nuevamente a la falta de consenso entre Partidos.

Fotografía: olganza.com