Inseguridad: botín político

El tema de la inseguridad ha traspasado los límites del narcotráfico; durante el primer año de este sexenio, la sociedad todavía percibía a la violencia como algo ajeno: las ejecuciones eran ajustes de cuentas, o pugnas por territorios entre cárteles. Particularmente en el centro y sur del país, el terreno de guerra entre el ejército y los sicarios se daba en un espacio lejano.

Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, la perspectiva social ha cambiado. Por un lado, los datos de la Secretaría de Salud muestran que el consumo de drogas no solamente no ha disminuido, sino que ha crecido en los últimos seis años. Paralelamente, las “narcomantas”, la violencia en espacios públicos, y ahora también ataques con objetivos de terrorismo han creado un ambiente de escepticismo frente a los supuestos logros del Gobierno.

Además de esto, los casos Martí y Vargas, así como la marcha Iluminemos México, hicieron surgir un nuevo frente dentro de la agenda: la preocupación por la inseguridad y la delincuencia de piso. El aumento en secuestros, robos y asaltos bien podría tener una vinculación directa con la necesidad que ha surgido en los cárteles mismos de encontrar formas alternativas de financiamiento. No obstante, estos acontecimientos golpean a la certeza del ciudadano común de una manera más personal y directa.

Lo cierto es que durante los últimos meses, solamente se ha demostrado la gran impunidad de que goza la delincuencia, y la corrupción que existe en todos los niveles de los órganos de seguridad nacional. Ambos factores atentan directamente contra la gobernabilidad del país y ponen en duda la factibilidad de que la “guerra contra el narco” se gane.

Políticas reaccionarias como el Frente Ciudadano en el Distrito Federal, o los derivados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, en el resto de la Federación, han dejado en evidencia la falta de diagnósticos concisos y diseños profesionales en las administraciones de los tres niveles de gobierno.

Ante estas conclusiones, han surgido propuestas radicales desde distintos frentes, desde la revocación de mandato hasta la pena de muerte, que sin un análisis comparativo apropiado pierden perspectiva real de sus posibles repercusiones. Quienes se esperanzan en la mano, dura no perciben las consecuencias de sus iniciativas; los que promueven una destitución del gobierno, no entienden el diseño institucional de nuestro sistema político.

Los debates no contemplan reformas institucionales de fondo a los sistemas de readaptación social; minimizan la participación activa de la sociedad civil en órganos autónomos; desechan soluciones a fondo en materia educativa y de salud. Es evidente la necesidad de actuar a corto plazo con golpes contundentes al crimen, pero es inútil incrementar en más del 30% el presupuesto de seguridad si esto recorta recursos en áreas estratégicas de desarrollo social.

Un combate a la delincuencia debe de surgir de la convocatoria a la unidad nacional, pero cuando ésta no se utilice como discurso de Gobierno; debe de suponer una libertad de medios de comunicación, pero con una ética común en la difusión de información; debe de fomentar la participación ciudadana en la denuncia y evaluación de las fuerzas policiacas; pero no como política de legitimación del Jefe de Gobierno; y sobre todo debe de devolver la certeza a la ciudadanía: disolver el ambiente de desconfianza y miedo que ha permeado en la sociedad…pero nunca a través de campañas mediáticas falseadas como las que ha emprendido Felipe Calderón.

La Reforma energética; la Alianza por la Educación; el informe de Gobierno, son temas de relevancia nacional, que no obstante permiten (e incluso es sano que promuevan) cierta politización; por lo contrario, no es justificable que cuestiones como la pobreza o la seguridad se conviertan en botines electorales. En ese sentido, un consenso mínimo de valores debe de ser el primer paso hacia una solución eficaz y certera.

Fotografía: eltresillo.blogspot.com