Entrada # 40
Llegué a mi casa hace unos días para encontrarme un sobre tirado 
por debajo de la puerta. Sin personalización alguna, contenía una carta firmada por el Ingeniero Meyer Klip Gervitz, Presidente del flamante Consejo Ciudadano de Seguridad Y Procuración de Justicia del Distrito Federal.
En ella me invitó, al igual que a mis vecinos y conciudadanos, a llenar una encuesta adjunta para calificar la labor de los policías que trabajan en mi manzana. De manera anónima o no, se pide que se conteste a once preguntas y se envíe de vuelta con un sobre que ya tiene destinatario.
Asimismo, se advertía que la encuesta también podía ser completada en línea o por teléfono.
Entre las preguntas que más me llamaron la atención estaban: ¿Conoce a los policías que vigilan su calle? ¿Qué opina de su desempeño? ¿Conoce algún policía que, por su buen desempeño, usted recomendaría que reciba un estímulo? Y ¿Qué propone usted para mejorar la seguridad pública en su colonia?
A grandes rasgos, la idea de tener una base de datos e información sobre los policías de calle a partir de encuestas confidenciales no parece descabellada. Tendríamos que saber qué tan representativa es la muestra a la que se le entregó la encuesta, qué parte de la sociedad busca atender y qué grado de respuesta se espera obtener. Sobre todo, sería importante conocer el objetivo explícito de realizar este ejercicio.
Sin embargo, este mecanismo que fue propuesto por Beatriz Paredes y por Marcelo Ebrard cuando eran candidatos en el 2006, no se realizó con miras a cumplir con la palabra del ahora Jefe de Gobierno; mucho menos parece ser que se intente por este medio resolver de fondo la impunidad y corrupción en los cuerpos policiacos. A tales deducciones puede llegar cualquiera que lea con más detalle esta carta.
Por lo contrario, el “Sistema Integral de Evaluación Ciudadana de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia” parece ser una política improvisada más, con el único objetivo de legitimar al Gobierno del Distrito Federal.
Cuando una política pública como esta no se diseña con una visión global del problema, entendiendo las metas claras que se buscan y previendo los supuestos necesarios, el resultado es un desperdicio de recursos y un desgaste ciudadano.
No se le ocurrió a quienes idearon esta política tomar en cuenta los costos implícitos en la participación ciudadana (tan simple como proporcionar un sobre con importe pagado, o un sistema de recolección de las encuestas); tampoco supusieron la sobrerrepresentación que se deriva del desigual acceso a los medios electrónicos que no generan costos marginales.
No existen medidas de control para las respuestas de la encuesta en línea y peor aún, encontrarla en la página proporcionada se vuelve un reto. Una vez que se ha logrado descifrar el camino que a través de distintos vínculos te lleva hasta las preguntas que se deben responder, se encuentran fallas técnicas, errores en el diseño, preguntas incompletas y opciones de respuesta parciales.
Realicé también un par de llamadas al número telefónico que se proporciona para responder la evaluación (que por cierto es el mismo número que se utiliza para denuncias de extorsiones telefónicas y tiene una grabación que pide al ciudadano no pactar ningún pago y esperar mientras hay un agente disponible). A través de ellas, podía responder la encuesta, pero no fueron capaces de proveer información sobre el objetivo de la misma, ni las formas alternativas de completarla.
¿Qué se puede esperar de una política como ésta? Con una capacitación tan deficiente de quienes la implementan, un diseño tan pobre de quienes la crearon y errores técnicos que ponen en duda su utilidad y la validez de la información recabada.
El Gobierno del Distrito Federal busca abanderarse con la lucha por la seguridad pública, aún cuando su titular fue destituido de la Secretaría encargada el sexenio pasado. Desafortunadamente, la enorme campaña que los medios le han provisto, y la cantidad de recursos que ha destinado a ello, lograrán una empañada visión ciudadana del tema, que le favorecerá políticamente.
Es por ello que detalles como un sobre por debajo de la puerta, que se pintan como políticas de inclusión, deben de ser analizados como las ocurrencias de instante con planeación ineficiente que en verdad son.
De lo contrario, de nada habrá servido el gran logro que la sociedad mexicana ha tenido en las últimas semanas, de subir el tema a la agenda pública.
por debajo de la puerta. Sin personalización alguna, contenía una carta firmada por el Ingeniero Meyer Klip Gervitz, Presidente del flamante Consejo Ciudadano de Seguridad Y Procuración de Justicia del Distrito Federal.En ella me invitó, al igual que a mis vecinos y conciudadanos, a llenar una encuesta adjunta para calificar la labor de los policías que trabajan en mi manzana. De manera anónima o no, se pide que se conteste a once preguntas y se envíe de vuelta con un sobre que ya tiene destinatario.
Asimismo, se advertía que la encuesta también podía ser completada en línea o por teléfono.
Entre las preguntas que más me llamaron la atención estaban: ¿Conoce a los policías que vigilan su calle? ¿Qué opina de su desempeño? ¿Conoce algún policía que, por su buen desempeño, usted recomendaría que reciba un estímulo? Y ¿Qué propone usted para mejorar la seguridad pública en su colonia?
A grandes rasgos, la idea de tener una base de datos e información sobre los policías de calle a partir de encuestas confidenciales no parece descabellada. Tendríamos que saber qué tan representativa es la muestra a la que se le entregó la encuesta, qué parte de la sociedad busca atender y qué grado de respuesta se espera obtener. Sobre todo, sería importante conocer el objetivo explícito de realizar este ejercicio.
Sin embargo, este mecanismo que fue propuesto por Beatriz Paredes y por Marcelo Ebrard cuando eran candidatos en el 2006, no se realizó con miras a cumplir con la palabra del ahora Jefe de Gobierno; mucho menos parece ser que se intente por este medio resolver de fondo la impunidad y corrupción en los cuerpos policiacos. A tales deducciones puede llegar cualquiera que lea con más detalle esta carta.
Por lo contrario, el “Sistema Integral de Evaluación Ciudadana de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia” parece ser una política improvisada más, con el único objetivo de legitimar al Gobierno del Distrito Federal.
Cuando una política pública como esta no se diseña con una visión global del problema, entendiendo las metas claras que se buscan y previendo los supuestos necesarios, el resultado es un desperdicio de recursos y un desgaste ciudadano.
No se le ocurrió a quienes idearon esta política tomar en cuenta los costos implícitos en la participación ciudadana (tan simple como proporcionar un sobre con importe pagado, o un sistema de recolección de las encuestas); tampoco supusieron la sobrerrepresentación que se deriva del desigual acceso a los medios electrónicos que no generan costos marginales.
No existen medidas de control para las respuestas de la encuesta en línea y peor aún, encontrarla en la página proporcionada se vuelve un reto. Una vez que se ha logrado descifrar el camino que a través de distintos vínculos te lleva hasta las preguntas que se deben responder, se encuentran fallas técnicas, errores en el diseño, preguntas incompletas y opciones de respuesta parciales.
Realicé también un par de llamadas al número telefónico que se proporciona para responder la evaluación (que por cierto es el mismo número que se utiliza para denuncias de extorsiones telefónicas y tiene una grabación que pide al ciudadano no pactar ningún pago y esperar mientras hay un agente disponible). A través de ellas, podía responder la encuesta, pero no fueron capaces de proveer información sobre el objetivo de la misma, ni las formas alternativas de completarla.
¿Qué se puede esperar de una política como ésta? Con una capacitación tan deficiente de quienes la implementan, un diseño tan pobre de quienes la crearon y errores técnicos que ponen en duda su utilidad y la validez de la información recabada.
El Gobierno del Distrito Federal busca abanderarse con la lucha por la seguridad pública, aún cuando su titular fue destituido de la Secretaría encargada el sexenio pasado. Desafortunadamente, la enorme campaña que los medios le han provisto, y la cantidad de recursos que ha destinado a ello, lograrán una empañada visión ciudadana del tema, que le favorecerá políticamente.
Es por ello que detalles como un sobre por debajo de la puerta, que se pintan como políticas de inclusión, deben de ser analizados como las ocurrencias de instante con planeación ineficiente que en verdad son.
De lo contrario, de nada habrá servido el gran logro que la sociedad mexicana ha tenido en las últimas semanas, de subir el tema a la agenda pública.
Fotografía: eleconomista.com.mx
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