Entre soberanía y Derechos Humanos

El último paso necesario para la aprobación de la Iniciativa Mérida ocurrió hoy, cuando el Senado dio luz verde a los 400 millones de dólares que México recibirá para combatir el narcotráfico.

Después de las reuniones que mantuvieron representantes de los legislativos de ambos países, la mayor parte de los candados que el Congreso norteamericano había establecido para aprobar los recursos fueron eliminados.

Entre ellos, destaca la obligación de México de reforzar la autoridad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la necesidad de juzgar a militares con mayor rigor, en un país donde éstos han cobrado cada día mayor importancia.

En México, la eliminación de los candados se ha visto como una victoria de la soberanía nacional; el hecho de que nuestro gobierno haya podido defenderse frente a los argumentos de Estados Unidos, y le haya hecho ver que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es una tarea de los dos, es para muchos, motivo de aplauso.

Es cierto que, dadas las circunstancias y las siempre ineficientes e insuficientes políticas de los Estados Unidos para combatir al consumo de drogas en su país, era necesario que México mantuviera una firme posición, que hiciera que el vecino del norte asumiera su responsabilidad.

Sin embargo, la pregunta es si una batalla diplomática como fue esta, ante una administración que está por terminar su mandato, debió haber cobrado tanta importancia como lo hizo. Más aún, si en verdad era justificable, para probar el punto de la soberanía nacional, eliminar los candados que Estados Unidos estableció.

Es claro, y lo ha sido por años, que en nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de autoridad para hacer cumplir sus investigaciones. Dejando a un lado que en muchas ocasiones, estas mismas se ven viciadas por influencias políticas, el hecho de que la CNDH solamente este facultada para dar recomendaciones es evidentemente una restricción y freno para que nuestras autoridades respeten los Derechos Humanos completamente.

Asimismo, es alarmante el número de casos de abuso de fuerzas militares en contra de ciudadanos; aún antes de que iniciara la “lucha contra el narcotráfico”, las denuncias contra los militares y la Policía Federal han sido notorias. Es indispensable, que en un país que ha ido promoviendo la militarización de sus ciudades para combatir al narcotráfico, se creen las condiciones necesarias para restringir y en su caso juzgar debidamente el uso de la fuerza.

Por lo mismo, la victoria que hemos obtenido al eliminar restricciones para obtener recursos en especie, no es en realidad un éxito per sé. Seguiremos llevando la lucha en nuestro propio campo de batalla, financiándola con dólares. Por lo contrario el poder en nuestro país, y los pocos que lo ostentan, parecen tener cada vez menos límites.

Foto: elsiglodedurango.com