¿Chiquita?

Cuando se presenta una iniciativa de reforma, comúnmente se tiene en mente tres opciones: la reforma que se presenta, la reforma que se desea y la reforma que será aprobada. La primera debe ser lo suficientemente robusta para permitir recortes de la oposición sin alterar la esencia de lo que se busca lograr; al mismo tiempo, debe de ser lo suficientemente realista como para no ser desechada inmediatamente sin posibilidad de consenso.

En ese sentido, me pregunto si la reforma a PEMEX que recientemente fue aprobada en el Congreso resultó en verdad tan “chiquita” como lo dijo el periódico Reforma, o “pírrica” como la calificó Vicente Fox…o tal vez fue justamente del tamaño que el Ejecutivo había calculado el ocho de abril pasado, cuando la entregó al Legislativo.

Las modificaciones que se hicieron en cuestión de transparencia, rendición de cuentas, autonomía presupuestal y de inversión y aprovechamiento sustentable transformaran drásticamente la manera en que la paraestatal funciona. Incluso los “bonos ciudadanos”, que fueron tan criticados en su momento por ser “herramientas legitimadoras” de la propuesta, serán útiles mecanismos para poner las actividades administrativas de Pemex en una caja de cristal.

Todo esto no es lo que se le critica a la reforma; el descontento de algunos se encuentra más bien en el rechazo que hubo a permitir la participación de privados en la construcción de refinerías, transporte y tuberías que aparentemente hubiesen sido más atractivos para la IP, y hubieran logrado un desempeño aún mayor de Petróleos Mexicanos en un plazo más reducido.

Contrario a estas opiniones, considero que el papel de la oposición para generar presión en este sentido fue, si no adecuado en medios, sí necesario en fines. De haber sido aprobada la iniciativa original de Calderón, PEMEX habría sido capaz de acordar contratos que otorgaran el monopolio de ciertas áreas de la línea de producción de petróleo. Esto hubiese puesto en riesgo el control de la empresa sobre su producción y el precio de sus procesos, además de que la hubiese obligado a llegar a acuerdos imparciales para contrarrestar los efectos del monopsonio y mantener el atractivo de la inversión. Incluso, en la eventual transición, si es que se diera en un futuro, hacia una privatización de la industria petrolera, hubiese sentado las bases (con la permisión de enterrar costos), para la generación de oligopolios y por ende, de una ineficiencia generalizada.

La iniciativa de reforma obtuvo gran apoyo desde un inicio por parte de la sociedad; tanto los medios de comunicación, a través de su difusión, como la torpe actuación de algunos políticos en la supuesta defensa del petróleo, lograron que su popularidad aumentara y que su inmediatez no fuera cuestionada (“Pemex está en riesgo; es indispensable que se actúe ahora”) en la opinión pública. Nunca se llevó a cabo un debate serio, entre la ciudadanía, de las posibles consecuencias de esta reforma.

Es cierto: las finanzas públicas tienen hoy una gran dependencia del petróleo y el declive en la eficiencia de Pemex es incuestionable…una reforma era necesaria. Pero reformar, por el simple hecho de hacerlo, parece tener una falsa connotación positiva en nuestro país. Desde que el sexenio pasado se atribuyó al estancamiento político la falta de desarrollo nacional, hemos caído en la falacia de creer que todos los problemas de México pueden ser resueltos cambiando la ley.

Enhorabuena, entonces, que se haya logrado un cambio en Pemex; sobre todo uno que moderniza la gestión de la empresa y la libera de ataduras políticas. Pero congratulémonos también de que esta reforma lleva en ella un consenso, y que fue sometida a un proceso de discusión que limpió sus asperezas. No hacerlo sería cuestionar a los fundamentos de la democracia que tanto hemos aplaudido.